Francisco Adrián Sánchez Villegas
Asumiendo que nuestro país vive un proceso de transición democrática, el cual se creía culminado con la alternancia de 2000 pero la realidad disto en demasía de la obtención de dicho anhelo, ya que las viejas prácticas demagógicas del partido hegemónico continuaron subsistentes, exige de todos los sectores sociales establecer un verdadero compromiso con el establecimiento en definitiva de la democracia en México.
La labor no es de poca monta, ni por tanto una labor exclusiva de los Partidos Políticos. La construcción del andamiaje institucional con visión democrática, debe ir acompañada invariablemente de la fusión de la sociedad con los principios rectores en un régimen democrático.
La Universidad no puede renunciar al papel que le toca desempeñar dentro de este proceso, ya que su rol es de gran envergadura. Debe ser siempre pionera, el motor, promotor de cambios de corte democrático. El impacto y empuje social que puede tener una Universidad en el avance sustancial del régimen es por todos conocido.
Basta recordar el movimiento estudiantil de 1968, concebido por egregios politólogos como el movimiento que dio inicio al proceso de transición, en el cual un grupo amplio de estudiantes visionarios y comprometidos con el país emprendieron una lucha franca en contra del régimen autoritario de partido hegemónico. En el campo internacional también las experiencias son bastas, baste recordar el caso de los estudiantes chilenos que encabezaron el movimiento libertario de Salvador Allende, entre mucho otros ejemplos que sería prolijo enunciar taxativamente aquí.
Por paradojico que resulte, las Universidades Públicas han sido receptoras de las costumbres demagogicas y adolecen de verdaderos sistemas de elección, de participación y de ejercicio del poder democraticos. Un ejemplo claro es la misma UNAM cuyo Rector es electo por una junta de Gobierno integrada por sólo quince personas.
La otra cara de la moneda se presenta en algunas Universidades de provincia, donde las autoridades son electas por medio de sufragio universal de la comunidad universitaria, u otros donde encontramos sistemas de ponderación del voto mediante la segmentación de campos de electores entre alumnado, personal docente o administrativo, donde cada segemento equivale a un voto.
Ya en sistemas de democracia indirecta, siguiendo el paradigma de “el federalista”, obra base del Federalismo Norteamericano, algunas instituciones de educación superior, optan por la elección de un cuerpo colegiado encargado exclusivamente de la elección del Rector principalmente y en algunos casos de las demás autoridades.
El sistema de elección en la UACJ, adolece de varios inconvenientes, que repercuten de manera negativa en el desarrollo democrático de la universidad -y como dijimos del país-, ya que el órgano que elige al Rector -según el artículo 12 fracción VII y 18 de la Ley Orgánica de la UACJ- y Directores de Instituto -en el caso de los últimos tomando en cuenta la terna propuesta por los Consejos Técnicos según la fracción VIII del mismo precepto- no es un órgano electo para ese fin en exclusiva, como se supone debe ser en caso de sistemas de democracia indirecta. Otro elemento antidemocrático es el periodo de seis años de duración del cargo, prolongación que se relaciona con la prohibición absoluta de reelección. Los periodos sexenales van, por regla general, acompañados de la prohibición de reelegirse, sin embargo el principio Maderista de “Sufragio Efectivo, no reelección” atendía a otro contexto, por lo que hoy se encuentra prácticamente desfasado en las democracias modernas; por ello es necesario analizar la posibilidad de la reducción del periodo del Rector a cuatro años, acompañada esta medida de eliminar la prohibición de la reelección.
De esta guisa sale a la luz el concepto -en su connotación Weberiana- de legitimidad de origen, concepto que difícilmente podría alcanzarse con un sistema de elección como el anteriormente descrito, ya que el “órgano elector” no es en sí “electo para elegir”, por lo que es tiempo ya de redefinir el mecanismo de elección de las autoridades.
En el caso de la elección de Jefes de Departamento y Coordinadores de carrera el problema se acrecienta, ya que se acogen medidas del sistema político mexicano tales como el dedazo, el tapado, el besamanos, entre otros. Los directores de Instituto tienen la Facultad de nombrar a los Jefes de Departamento y Coordinadores de carrera, con la protocolaria -la historia lo demuestra- aprobación del Consejo Técnico del Instituto que corresponda. El problema de la prolongación en el cargo se repite con estos funcionarios problema se agranda ya que no existen mecanismos claros en caso de querer destituir a alguna de estas autoridades.
Además las diferentes campañas de los candidatos a Rector se reducen a lo que en política se conoce como “amarres”, es decir, ante una elección por un órgano colegiado conformado por sesenta personas, el eje de las campañas se ha centrado más en la obtención del voto por medio de la organización de fiestas y convivíos e incluso en la compra del voto, dejando de lado la persuasión y seducción lograda a través de las propuestas.
La labor no es de poca monta, ni por tanto una labor exclusiva de los Partidos Políticos. La construcción del andamiaje institucional con visión democrática, debe ir acompañada invariablemente de la fusión de la sociedad con los principios rectores en un régimen democrático.
La Universidad no puede renunciar al papel que le toca desempeñar dentro de este proceso, ya que su rol es de gran envergadura. Debe ser siempre pionera, el motor, promotor de cambios de corte democrático. El impacto y empuje social que puede tener una Universidad en el avance sustancial del régimen es por todos conocido.
Basta recordar el movimiento estudiantil de 1968, concebido por egregios politólogos como el movimiento que dio inicio al proceso de transición, en el cual un grupo amplio de estudiantes visionarios y comprometidos con el país emprendieron una lucha franca en contra del régimen autoritario de partido hegemónico. En el campo internacional también las experiencias son bastas, baste recordar el caso de los estudiantes chilenos que encabezaron el movimiento libertario de Salvador Allende, entre mucho otros ejemplos que sería prolijo enunciar taxativamente aquí.
Por paradojico que resulte, las Universidades Públicas han sido receptoras de las costumbres demagogicas y adolecen de verdaderos sistemas de elección, de participación y de ejercicio del poder democraticos. Un ejemplo claro es la misma UNAM cuyo Rector es electo por una junta de Gobierno integrada por sólo quince personas.
La otra cara de la moneda se presenta en algunas Universidades de provincia, donde las autoridades son electas por medio de sufragio universal de la comunidad universitaria, u otros donde encontramos sistemas de ponderación del voto mediante la segmentación de campos de electores entre alumnado, personal docente o administrativo, donde cada segemento equivale a un voto.
Ya en sistemas de democracia indirecta, siguiendo el paradigma de “el federalista”, obra base del Federalismo Norteamericano, algunas instituciones de educación superior, optan por la elección de un cuerpo colegiado encargado exclusivamente de la elección del Rector principalmente y en algunos casos de las demás autoridades.
El sistema de elección en la UACJ, adolece de varios inconvenientes, que repercuten de manera negativa en el desarrollo democrático de la universidad -y como dijimos del país-, ya que el órgano que elige al Rector -según el artículo 12 fracción VII y 18 de la Ley Orgánica de la UACJ- y Directores de Instituto -en el caso de los últimos tomando en cuenta la terna propuesta por los Consejos Técnicos según la fracción VIII del mismo precepto- no es un órgano electo para ese fin en exclusiva, como se supone debe ser en caso de sistemas de democracia indirecta. Otro elemento antidemocrático es el periodo de seis años de duración del cargo, prolongación que se relaciona con la prohibición absoluta de reelección. Los periodos sexenales van, por regla general, acompañados de la prohibición de reelegirse, sin embargo el principio Maderista de “Sufragio Efectivo, no reelección” atendía a otro contexto, por lo que hoy se encuentra prácticamente desfasado en las democracias modernas; por ello es necesario analizar la posibilidad de la reducción del periodo del Rector a cuatro años, acompañada esta medida de eliminar la prohibición de la reelección.
De esta guisa sale a la luz el concepto -en su connotación Weberiana- de legitimidad de origen, concepto que difícilmente podría alcanzarse con un sistema de elección como el anteriormente descrito, ya que el “órgano elector” no es en sí “electo para elegir”, por lo que es tiempo ya de redefinir el mecanismo de elección de las autoridades.
En el caso de la elección de Jefes de Departamento y Coordinadores de carrera el problema se acrecienta, ya que se acogen medidas del sistema político mexicano tales como el dedazo, el tapado, el besamanos, entre otros. Los directores de Instituto tienen la Facultad de nombrar a los Jefes de Departamento y Coordinadores de carrera, con la protocolaria -la historia lo demuestra- aprobación del Consejo Técnico del Instituto que corresponda. El problema de la prolongación en el cargo se repite con estos funcionarios problema se agranda ya que no existen mecanismos claros en caso de querer destituir a alguna de estas autoridades.
Además las diferentes campañas de los candidatos a Rector se reducen a lo que en política se conoce como “amarres”, es decir, ante una elección por un órgano colegiado conformado por sesenta personas, el eje de las campañas se ha centrado más en la obtención del voto por medio de la organización de fiestas y convivíos e incluso en la compra del voto, dejando de lado la persuasión y seducción lograda a través de las propuestas.
La elección por parte de toda la comunidad Universitaria, cercana a los 20 mil integrantes, traería aparejado la ponderación de las propuestas, de proyectos encaminados al desarrollo de la universidad.
De lo anterior tenemos que en lo que elecciones se respecta la participación de los alumnos es mínima, y daría para un estudio sociológico analizar si esto repercute en la pasividad del alumnado, al menos bajo un juicio sintético a priori yo me inclino por la afirmativa, ya que al ser relegados en la toma de estas dediciones importantes se produce un alejamiento cada vez más evidente entre los estudiantes y su autoridades, y lo que es más grave, entre los estudiantes y la Universidad y además entre las autoridades y la Universidad -lo que implica no tener mecanismos de responsabilidad y control-, ya que, y esto que quede muy claro, la Universidad no son sus autoridades.
De ahí la necesidad de imprimir cambios de gran calaña en la Universidad, que permitan mayor participación de los alumnos en la toma de decisiones, en la elección de sus autoridades y fungir como contrapeso al ejercicio sin pesos ni contrapesos del poder ejercido por las autoridades; ya que mediante la elección del el Rector, los Directores de Instituto, los Jefes de Departamento y los Coordinadores de Carrera por parte de toda la comunidad universitaria, estos responderían ante todo el alumnado y actuarían en función de las necesidades de su electorado y no en atención a intereses particulares, políticos y mezquinos de su “inmediato superior” (en el caso del Rector su inmediato superior es el Gobernador, bastenos recordar las palabras del ex Rector Felipe Fornelli: "yo le debo a Patricio Martínez el haber sido Rector").
Los probables argumento a esgrimir, por parte de los favorecidos con el status quo, en contra del otorgamiento del sufragio universal y de la implementación de la democracia directa en la Universidad versarían -como sucedió en “el federalista”- en el sentido de considerar peligroso este tipo de elecciones ya que se estaría en riesgo de formar un Rector plebiscitario, es decir, sabedor del apoyo mayoritario de la comunidad por lo que podría actuar de manera despótica conciente de su grado de legitimidad.
Sin embargo adolece del defecto de partir de una premisa falsa, al considerar que el apoyo del elector es siempre incondicional, cosa que no sucede, sobretodo en terrenos Universitarios en donde -al menos en teoría- los Universitarios poseen mayor grado de preparación por lo que no se toleraría el ejercicio despótico del poder.
Las bases están sentadas para emprender el cambio democrático en la Universidad que redunden en beneficios para todo el país. Cualquier persona con convicción democrática secundará seguramente las ideas exteriorizadas con antelación; por su parte la visiones antidemocráticas pugnaran por el mantenimiento del status quo. La lucharemos como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda
De lo anterior tenemos que en lo que elecciones se respecta la participación de los alumnos es mínima, y daría para un estudio sociológico analizar si esto repercute en la pasividad del alumnado, al menos bajo un juicio sintético a priori yo me inclino por la afirmativa, ya que al ser relegados en la toma de estas dediciones importantes se produce un alejamiento cada vez más evidente entre los estudiantes y su autoridades, y lo que es más grave, entre los estudiantes y la Universidad y además entre las autoridades y la Universidad -lo que implica no tener mecanismos de responsabilidad y control-, ya que, y esto que quede muy claro, la Universidad no son sus autoridades.
De ahí la necesidad de imprimir cambios de gran calaña en la Universidad, que permitan mayor participación de los alumnos en la toma de decisiones, en la elección de sus autoridades y fungir como contrapeso al ejercicio sin pesos ni contrapesos del poder ejercido por las autoridades; ya que mediante la elección del el Rector, los Directores de Instituto, los Jefes de Departamento y los Coordinadores de Carrera por parte de toda la comunidad universitaria, estos responderían ante todo el alumnado y actuarían en función de las necesidades de su electorado y no en atención a intereses particulares, políticos y mezquinos de su “inmediato superior” (en el caso del Rector su inmediato superior es el Gobernador, bastenos recordar las palabras del ex Rector Felipe Fornelli: "yo le debo a Patricio Martínez el haber sido Rector").
Los probables argumento a esgrimir, por parte de los favorecidos con el status quo, en contra del otorgamiento del sufragio universal y de la implementación de la democracia directa en la Universidad versarían -como sucedió en “el federalista”- en el sentido de considerar peligroso este tipo de elecciones ya que se estaría en riesgo de formar un Rector plebiscitario, es decir, sabedor del apoyo mayoritario de la comunidad por lo que podría actuar de manera despótica conciente de su grado de legitimidad.
Sin embargo adolece del defecto de partir de una premisa falsa, al considerar que el apoyo del elector es siempre incondicional, cosa que no sucede, sobretodo en terrenos Universitarios en donde -al menos en teoría- los Universitarios poseen mayor grado de preparación por lo que no se toleraría el ejercicio despótico del poder.
Las bases están sentadas para emprender el cambio democrático en la Universidad que redunden en beneficios para todo el país. Cualquier persona con convicción democrática secundará seguramente las ideas exteriorizadas con antelación; por su parte la visiones antidemocráticas pugnaran por el mantenimiento del status quo. La lucharemos como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda
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